Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con enfoque cuantitativo, ejecutado durante el año 2024 en cuatro municipios del departamento del Valle del Cauca: Cali (comunas 7, 12, 16 y 20), Buenaventura, Buga y Cartago. La fuente primaria de información fue la matriz de caracterización de beneficiarios del programa Centro Vida, diligenciada de forma sistemática por los equipos operativos de cada sede bajo supervisión del nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca.

Se incluyó la totalidad de los beneficiarios registrados en la base de datos del programa al momento del estudio, correspondiente a 441 personas mayores. La población de estudio es equivalente al universo censal de beneficiarios activos en las sedes directamente operadas por la Gobernación del Valle del Cauca durante el período analizado. No se realizó muestreo probabilístico dado que se trabajó con el 100 % de los registros disponibles.

La matriz de caracterización del programa comprende 120 variables organizadas en doce dominios de registro: información demográfica (edad, sexo, lugar de residencia, estado civil, autoidentificación étnica); escolaridad (nivel alcanzado); ingresos (percepción de ingresos propios y familiares, clasificación SISBEN); ocupación previa; aseguramiento en salud (régimen de afiliación, Empresa Promotora de Salud-EPS e Institución Prestadora de Servicios de Salud-IPS adscrita); estado funcional (autonomía y movilidad); uso de ayudas técnicas (audífonos, bastón, caminador, muletas, silla de ruedas); diagnósticos médicos (principal y comorbilidades codificados con CIE-10); razones de ingreso al programa (factores nutricionales, soledad, situación económica, aislamiento social); tipo de violencia o maltrato (abuso físico, psicológico, sexual, violencia intrafamiliar, abandono); condiciones de vivienda (tenencia, acceso a servicios públicos); y convivencia (número y parentesco de personas que habitan con el beneficiario).

Para la construcción del índice de vulnerabilidad, las variables fueron reorganizadas operacionalmente en siete categorías de riesgo. La definición operacional de cada categoría se describe a continuación:

• Salud física: presencia de al menos un diagnóstico médico activo, existencia de comorbilidades, dependencia funcional medida a través del estado funcional, y ausencia de participación en programas de promoción y prevención de la salud.
• Salud mental: reporte de intento de suicidio, antecedentes de violencia física o psicológica, condición de víctima del conflicto armado, abuso sexual, violencia intrafamiliar o situación de abandono.
• Condiciones socioeconómicas: ingresos propios o familiares inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente, condiciones de vivienda precaria o sin acceso a servicios básicos, y clasificación en pobreza extrema según SISBEN.
• Red de apoyo social: ausencia de cuidador identificado y condición de vivir solo, sin convivientes familiares o no familiares en el hogar.
• Acceso a servicios: no afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y ausencia de asistencia a actividades de promoción y prevención ofertadas por la red de servicios.
• Factores demográficos: edad igual o superior a 80 años, analfabetismo o nivel educativo nulo, y pertenencia a grupos étnicos minoritarios (población afrocolombiana, indígena u otras comunidades).
• Estado funcional: uso de una o más ayudas técnicas para la movilidad o la comunicación (bastón, silla de ruedas, caminador, muletas o audífonos).

Las variables pertenecientes a cada categoría fueron dicotomizadas según la presencia o ausencia del factor de riesgo correspondiente. Para cada persona se calculó la sumatoria de variables positivas dentro de cada categoría, dividida entre el número total de variables que componen dicha categoría (a manera de estándar), de forma que el resultado parcial por categoría oscila entre 0 y 1. Un puntaje próximo a uno (1) indica que el beneficiario presenta la totalidad de los marcadores de vulnerabilidad dentro de esa dimensión. El índice global se obtuvo como la sumatoria de los puntajes parciales de las siete categorías, asignando igual peso a cada una de ellas. A partir de la distribución del índice en la población estudiada se calcularon medidas de tendencia central y dispersión por categoría, y se estableció una clasificación ordinal del riesgo mediante cuartiles: vulnerabilidad baja (percentil 0 a 50, cuartiles 1 y 2), vulnerabilidad media (percentil 50 a 75, cuartil 3) y vulnerabilidad alta (percentil 75 a 100, cuartil 4).

La información se obtuvo de la matriz de caracterización de beneficiarios, registrada en una hoja electrónica compartida en Google Workspace entre todas las sedes del programa. El equipo de nivel central realizó supervisión continua del diligenciamiento; los valores atípicos o inconsistencias detectadas fueron revisados conjuntamente con los equipos operativos de cada sede para su corrección. El equipo investigador ejecutó una verificación final de la totalidad de los registros, contrastando la información sobre diagnósticos médicos con las fichas clínicas individuales de cada beneficiario, a cargo del médico general adscrito a cada sede. Los diagnósticos principales y comorbilidades fueron codificados con la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE-10), y agrupados en las 23 categorías diagnósticas del estudio de carga global de la enfermedad (Global Burden of Disease).

Para las variables cuantitativas se calcularon medidas de tendencia central (media, mediana) y de variabilidad (desviación estándar, rango intercuartílico). Las variables cualitativas se describieron mediante frecuencias absolutas y proporciones. Los puntajes del índice de vulnerabilidad se analizaron por sede y por cada una de las siete categorías que lo componen. La asociación entre el nivel de vulnerabilidad (bajo, medio, alto) y las variables sociodemográficas no incluidas en la construcción del índice se evaluó mediante la prueba de Chi cuadrado (χ²), con un nivel de significancia del 95 %. Finalmente, se ajustó un modelo de regresión logística ordinal para estimar la contribución independiente de las variables sociodemográficas y de ingreso socioeconómico sobre el resultado del índice, controlando por las demás covariables del modelo.

Por su diseño transversal y nivel de riesgo mínimo, el estudio se acoge a la exención de consentimiento informado conforme a la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social y a los principios de la Declaración de Helsinki. El tratamiento de los datos personales se realizó en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Los autores declaran contar con autorización expresa del responsable del banco de datos de la Gobernación del Valle del Cauca, Programa Centro Vida, para su uso con fines académicos y de mejora programática.

Solo siete personas (1,59 %) manifestaron su estado de dependencia funcional. En cuanto a los diagnósticos, la matriz de caracterización contiene los datos de hasta siete diagnósticos codificados según la clasificación CIE10. A partir de estos códigos se agrupan los diagnósticos en las siguientes categorías presentadas por orden de frecuencia (Tabla 2).

Del total de los 441 beneficiarios del programa, 91,3 % presentó algún diagnóstico. La principal categoría correspondió a las enfermedades cardiovasculares (71 %), seguida de enfermedades endocrinas (5 %) y en tercer lugar las enfermedades de los órganos de los sentidos (4 %). La hipertensión arterial es el diagnóstico más frecuente dentro de las enfermedades cardiovasculares (70 %), seguidas por los trastornos del metabolismo de los lípidos (3 %) y el hipotiroidismo (1,2 %). Dentro de las comorbilidades, 287 personas (71 %) reportaron un segundo diagnóstico donde las enfermedades endocrinas fueron las más frecuentes (26,1 %), la diabetes mellitus (21 %), y las enfermedades genitourinarias ocupan el tercer lugar con el 8,71 %. Se realizó una sumatoria del número de diagnósticos que tienen cada uno de los beneficiarios (Tabla 3).

El 8,2 % de los beneficiarios no reportaron ningún diagnóstico, con solo un diagnóstico, 112 personas (25,4 %); con dos diagnósticos, 117 personas (26,5 %). En promedio, las personas mayores tienen al menos una comorbilidad y una cuarta parte de los beneficiarios tiene al menos dos comorbilidades, llegando al extremo de 17 personas que tienen entre seis y siete diagnósticos simultáneamente.

El 31,3 % de los beneficiarios presentó al menos una condición registrada con impacto potencial sobre la salud mental. El antecedente de victimización por conflicto armado fue el evento de mayor frecuencia, reportado por 119 personas (27,1 %). En menor proporción se identificaron antecedentes de violencia física o psicológica (3,4%), situación de abandono (3,0 %), intento de suicidio (1,4 %) y abuso sexual (1,4 %). Nueve personas (2,1 %) registraron simultáneamente tres o más condiciones adversas en esta categoría, configurando perfiles de alta exposición acumulada a eventos traumáticos. Estas condiciones no fueron evaluadas mediante escalas psicométricas validadas, sino a través del reporte en la matriz de caracterización, por lo que los valores obtenidos constituyen una estimación conservadora de la carga real en salud mental de la población.

El 40 % de los beneficiarios presentó dos o más indicadores de precariedad económica. El 79,7 % reportó ausencia de ingresos personales o familiares; el 30,3 % manifestó insuficiencia en la disponibilidad de alimentos; el 13,3 % habita en vivienda en mal estado; y el 20,4 % se clasifica en SISBEN grupo A, correspondiente a la categoría de pobreza extrema, proporción levemente inferior al promedio departamental (24,0 %) registrado por el Departamento Nacional de Planeación para el mismo período. La confluencia de escolaridad básica (94,7 %), alta informalidad laboral en la trayectoria ocupacional y escasa pensionalidad configura un patrón de vulnerabilidad socioeconómica estructural en esta población (Tabla 4).

El 18 % de los beneficiarios registró al menos un factor deficitario en su red de apoyo social. El 15 % vive solo, proporción coherente con el promedio nacional reportado por el DANE (16 %). El 10 % tiene como único acudiente a un amigo o vecino, condición operacionalmente clasificada como ausencia de red de apoyo formal. El 3,0 % declaró no contar con ningún tipo de acudiente. Adicionalmente, el 57 % manifestó permanecer solo durante la mayor parte del día como razón principal de ingreso al programa, el 38 % reportó dificultades económicas y el 22 % refirió aislamiento social. El 5 % de los beneficiarios concentró dos factores negativos simultáneos en esta categoría.

A pesar de que la mayor parte de los beneficiarios tienen afiliación al sistema de seguridad social, el 27.4% no participa en programas de Promoción y Prevención (PyP) ofertados por su EPS y 60% carece de esquema de vacunación completo para su grupo de edad. La concurrencia de ambas condiciones, no participación en PyP y vacunación incompleta, se presentó en 113 personas (25,6 %), lo que refleja una brecha entre la cobertura formal de aseguramiento y el acceso efectivo a los servicios preventivos disponibles. La vulnerabilidad en esta categoría no está determinada por la afiliación, sino por la subutilización de los servicios de la red de IPS del sistema.

Es importante precisar que el Programa Centro vida, realiza las valoraciones iniciales de ingreso, y cuando identifica la ausencia de participación de las personas mayores en cualquier oferta de salud, efectúa las remisiones y recomendaciones pertinentes.

La atención integral a las personas mayores, especialmente en acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, es una competencia esencial del sistema de salud, tal como lo establece la normatividad vigente (Ley 1251 de 2008, art.6)⁶.

El 30,3 % de los beneficiarios tenía 80 años o más al momento del estudio. El 9 % no alcanzó ningún nivel educativo formal y el 3,6 % pertenece a comunidades indígenas. La combinación de edad avanzada con analfabetismo y pertenencia a una minoría étnica configura perfiles de vulnerabilidad demográfica acumulada que potencian el riesgo en las demás categorías del índice.

El 18,7 % de los beneficiarios utiliza al menos una ayuda técnica para la movilidad o comunicación. Este porcentaje supera ampliamente la proporción de quienes reportaron dependencia funcional declarada (1,6 %), lo que sugiere una subestimación sistemática de las limitaciones funcionales en el registro de caracterización y refuerza la pertinencia de incorporar instrumentos estandarizados de valoración funcional en el seguimiento del programa.

La Tabla 5 presenta los valores promedio y la desviación estándar del índice para cada categoría. La categoría de salud física registró el promedio más elevado (0,79; DS = 0,52), seguida por acceso a servicios (0,43; DS = 0,40) y condición económica (0,30; DS = 0,28). Las categorías con menor contribución promedio al índice fueron salud mental (0,07; DS = 0,13) y apoyo social (0,14; DS = 0,27), aunque sus desviaciones estándar elevadas respecto al promedio indican alta heterogeneidad interna y presencia de subgrupos con perfiles de riesgo crítico.

A partir de la distribución cuartílica del índice global, los beneficiarios se clasificaron en tres niveles: vulnerabilidad baja (índice 0 a < 1,4; n = 111; 25,2 %), vulnerabilidad media (índice 1,4 a < 2,7; n = 214; 48,5 %) y vulnerabilidad alta (índice ≥ 2,7; n = 116; 26,3 %). La Tabla 6 presenta la distribución de estos niveles según variables sociodemográficas y sede de atención.

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la distribución del índice según sexo (Chi² = 0,53; p = 0,76), estado civil (Chi² = 12,34; p = 0,137), nivel educativo (Chi² = 1,08; p= 0,897) ni grupo étnico (Chi² = 12,45; p = 0,053). En contraste, la clasificación SISBEN mostró una asociación estadísticamente significativa con el nivel de vulnerabilidad (Fisher = 20,83; p = 0,002): los beneficiarios en grupo A concentraron la mayor proporción en el nivel alto (40 %), mientras que en el grupo B esta proporción descendió al 21,2 %. La distribución según sede de atención también fue estadísticamente significativa (Chi² = 55,02; p < 0,0001): la sede Cali Comuna 7 registró la mayor proporción de beneficiarios en vulnerabilidad alta (41,5 %), seguida por Cali Comuna 16 (36,0 %) y Cali Comuna 20 (31,1 %). La sede Cartago presentó la distribución más favorable, con el 50 % de sus beneficiarios en el nivel bajo.

Con el propósito de estimar la contribución independiente de las variables sociodemográficas y de ingreso no incluidas en la construcción del índice, se construyó un modelo de regresión logística ordinal tomando como variable respuesta el nivel de vulnerabilidad (bajo, medio, alto) y como covariables la edad, el sexo, el grupo SISBEN, el nivel educativo, el régimen de afiliación, el número de diagnósticos clínicos y la asistencia a programas de PyP. El modelo se ajustó sobre 429 observaciones con información completa (LR Chi²(7) = 310,6; p < 0,0001; pseudo-R² = 0,347), lo que indica un ajuste global satisfactorio que explica aproximadamente el 35 % de la variación en el nivel de vulnerabilidad (Tabla 7).

La salud física constituyó la dimensión con mayor contribución al índice global (promedio = 0,79; DS = 0,52). El 91,3 % de los beneficiarios presentó al menos un diagnóstico médico activo, con predominio de enfermedades cardiovasculares (71 %) e hipertensión arterial como diagnóstico principal en el 70 % de los casos cardiovasculares. Esta concentración diagnóstica es consistente con las estimaciones nacionales del Ministerio de Salud y Protección Social, según las cuales el 78 % de los adultos mayores en Colombia padece alguna enfermedad crónica^8,9, lo que indica que la población atendida en los Centros Vida registra una carga similar, con alta prevalencia de hipertensión arterial. La carga de multimorbilidad observada, promedio de 2,5 diagnósticos por persona y 40 % con cuatro o más condiciones concurrentes, supera el umbral de riesgo documentado en la literatura que utiliza el modelo de acumulación de déficits, cuya lógica subyace al índice de fragilidad en centros sociosanitarios (IF-CSS) desarrollado en el contexto institucional español¹⁰. La multimorbilidad no opera como mero indicador descriptivo, sino como determinante activo de la trayectoria funcional. La evidencia comparada señala que personas mayores con carga diagnóstica elevada presentan riesgo significativamente mayor de deterioro funcional y mortalidad a dos años, con una razón de probabilidades de 4,2 respecto a quienes no alcanzan el umbral de vulnerabilidad en la Vulnerable Elders Survey (VES-13), instrumento validado en poblaciones comunitarias de múltiples contextos¹¹. Es importante precisar que, si bien la prestación de servicios de salud directa no es una obligación del programa, la valoración médica al ingreso y la caracterización clínica de los beneficiarios permiten plantear un plan de intervención individualizado en los términos de la oferta establecida por la norma, contribuyendo al control y mitigación de los factores de riesgo presentes en la población.

La segunda dimensión en magnitud fue el acceso a servicios de salud (promedio = 0,43; DS = 0,40), cuya contribución al índice evidencia una paradoja estructural relevante. La cobertura formal de aseguramiento alcanzó 100% de los beneficiarios, mientras que el 28 % no participaba en programas de promoción y prevención y el 60 % carecía de esquema de vacunación completo para su grupo de edad. Esta disociación entre afiliación y utilización efectiva de servicios preventivos reproduce el patrón que la literatura especializada identifica como vulnerabilidad programática: la incapacidad de los sistemas de atención para traducir la cobertura formal en acceso real a intervenciones de impacto probado en la población mayor¹². Barbosa, et al. identificaron la incapacidad de los servicios de salud y las hospitalizaciones frecuentes como antecedentes estructurales de la vulnerabilidad individual en personas mayores^13,14. En el contexto del programa Centro Vida, este antecedente se expresa en la subutilización de los servicios preventivos disponibles en la red de IPS. Si bien el programa cuenta con atención y monitoreo médico y gerontológico que define un plan de intervención multidisciplinaria, corresponde a las EPS la responsabilidad de propiciar el acceso a las rutas de atención y a los programas de promoción y mantenimiento de la salud, tal como lo establece la normatividad vigente.

La condición económica contribuyó al índice con un promedio de 0,30 (DS = 0,28). El 79,7 % de los beneficiarios carecía de ingresos personales o familiares, el 30,3 % reportó insuficiencia en la disponibilidad de alimentos y el 20,4 % se clasificó en pobreza extrema según SISBEN grupo A, cifra ligeramente menor al promedio departamental (24 %) y nacional (21 %) reportados por el Departamento Nacional de Planeación⁶. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la clasificación del nivel de pobreza y el nivel de vulnerabilidad (prueba de Fisher = 20,83; p = 0,002) en el análisis bivariado; sin embargo, esta asociación no se mantuvo en el modelo multivariado, lo que sugiere que el efecto de la pobreza sobre la vulnerabilidad opera de manera mediada a través de variables que el índice mide directamente: carga diagnóstica, funcionalidad, acceso a servicios, antes que como predictor independiente. Esta interpretación es coherente con la postura de Osorio, quien advierte contra la reducción de la vulnerabilidad a la condición de pobreza material, señalando que la vulnerabilidad es una situación dinámica de acumulación de desventajas y no un estado fijo determinado por el ingreso. Esta dependencia económica, asociada a bajos niveles educativos (94 % de los beneficiarios alcanzó únicamente educación básica), limita la capacidad de respuesta de las personas ante amenazas o situaciones inesperadas, incrementando su vulnerabilidad. En el mismo sentido, Cihlar et al.¹⁵, en un análisis de vulnerabilidad multidimensional sobre adultos mayores en Alemania, demostraron que la dimensión material interactúa con la limitación funcional, la multimorbilidad, los problemas de salud mental y la convivencia solitaria para conformar un constructo latente de vulnerabilidad cuya asociación con la satisfacción vital es modulada significativamente por el apoyo social disponible.

El apoyo social registró un promedio de 0,14 (DS = 0,27). El 15 % de los beneficiarios vivía solo, cifra que coincide con el promedio nacional del 16 % reportado por el DANE, y el 10 % dependía de un amigo o vecino como único acudiente. Aunque el promedio parece contenido, la desviación estándar elevada indica alta heterogeneidad interna y la existencia de un subgrupo con perfiles de aislamiento severo. La revisión sistemática de Sanchini et al.⁷, que analizó 38 publicaciones de bioética del cuidado geriátrico, identifica la vulnerabilidad relacional e interpersonal como una de las seis dimensiones constitutivas de la vulnerabilidad en la vejez, precisando que la dependencia de cuidadores informales sin vínculos familiares configura una capa adicional de vulnerabilidad situacional que amplifica el riesgo en las demás dimensiones. Sobre las razones de ingreso al programa, el 57 % de la población manifestó permanecer solo todo el día, 38 % por situación económica y 22 % por falta de soporte social, lo que posiciona al Centro Vida no únicamente como dispositivo de atención sanitaria sino como estructura protectora frente al aislamiento social. Estudios cualitativos en Centros Vida de Villavicencio han descrito esta función de integración social como determinante del bienestar psicosocial de las personas mayores en el contexto colombiano¹⁶.

La dimensión de salud mental presentó el promedio más reducido del índice (0,07; DS = 0,13), aunque el 31,3 % de los beneficiarios acumuló al menos una condición con impacto potencial en la salud mental. El antecedente de victimización por conflicto armado fue el evento de mayor frecuencia (27,1 %), seguido de violencia física o psicológica (3,4 %), situación de abandono (3,0 %), intentos de suicidio (1,4 %) y abuso sexual (1,4 %). Estos eventos son catalogados por la literatura como expresiones de la "vulnerabilidad psicológica", situación intensificada por factores como la soledad, la pérdida de apoyo emocional y la pérdida de seres queridos¹⁷. Es pertinente precisar que esta dimensión se construyó a partir del reporte en la matriz de caracterización, no mediante escalas psicométricas validadas como el PHQ-9 o la Escala de Depresión Geriátrica, por lo que los valores obtenidos son estimaciones conservadoras de la carga real en salud mental de la población. Esta limitación metodológica es señalada por Cihlar et al.¹⁸, como un desafío relevante en la construcción de índices multidimensionales, quienes proponen el uso del PHQ como instrumento de referencia para la dimensión mental. La incorporación de instrumentos estandarizados de tamizaje en salud mental en el proceso de caracterización representaría un fortalecimiento metodológico sustancial para versiones futuras del índice.

Los factores demográficos revelaron una población altamente envejecida: el 30,3 % tenía 80 años o más, el 9,0 % no alcanzó ningún nivel educativo formal y el 3,6 % pertenece a comunidades indígenas. En materia de funcionalidad, el 18,7 % de los beneficiarios utilizaba al menos una ayuda técnica para la movilidad o comunicación. Este porcentaje supera ampliamente la proporción de quienes reportaron dependencia funcional declarada (1,6 %), lo que sugiere una subestimación sistemática de las limitaciones funcionales en el registro de caracterización y refuerza la pertinencia de incorporar instrumentos estandarizados de valoración funcional en el seguimiento del programa¹⁹.

En Colombia, estudios cuantitativos han demostrado que la vulnerabilidad entre las personas mayores no se limita a factores de salud aislados, sino que resulta de una combinación de características relacionadas con capital humano, capital físico, capital social y capital funcional, estableciendo que alrededor del 79 % de los adultos mayores presenta algún grado de vulnerabilidad según un índice construido con estos componentes^20,21. La construcción de un índice de vulnerabilidad permite identificar grupos con mayor riesgo de pérdida de calidad de vida, lo cual evidencia la necesidad de intervenciones diferenciadas en los Centros Vida y otros programas sociales.

El índice de vulnerabilidad del programa Centro Vida comparte fundamentos conceptuales con instrumentos desarrollados en otros contextos, pero presenta características que lo diferencian y adaptan a las condiciones operativas del programa. El índice de fragilidad IF-CSS²², desarrollado para población institucionalizada en España, toma como punto de partida el modelo de acumulación de déficits y mide síndromes geriátricos, dependencia funcional, enfermedades y déficits cognitivos o emocionales, con el objetivo de orientar la intensidad terapéutica adecuada.

El índice de vulnerabilidad social del Sistema DIF Nacional de México²³, opera a escala poblacional estatal con fines de distribución presupuestal y asigna mayor peso relativo a las dimensiones de vulnerabilidad infantil en educación y salud (0,60 conjunto), de manera que resulta metodológicamente incomparable con el índice construido en esta investigación, orientado a la estratificación individual de beneficiarios adultos mayores en un programa de cuidado social focalizado. El índice multidimensional de Cihlar et al., aplicado en Alemania, construye una variable continua que refleja la acumulación de riesgos a través de dimensiones materiales, físicas (ADL y multimorbilidad), mentales (PHQ) y sociales (entorno familiar), con ponderación diferencial mediante análisis factorial confirmatorio. A diferencia de este modelo, la ponderación igualitaria adoptada en el presente estudio se justifica por la disponibilidad y homogeneidad de las variables en la matriz de caracterización y facilita su aplicación por equipos operativos sin formación estadística especializada, lo que constituye una ventaja pragmática para su sostenibilidad programática en entornos municipales con capacidad institucional heterogénea.

El modelo de regresión logística ordinal confirmó que la edad (coeficiente = 0,128; p < 0,001) y el número de diagnósticos clínicos (coeficiente = 1,126; p < 0,001) son los dos predictores de mayor peso sobre el nivel de vulnerabilidad, seguidos por la no participación en programas de promoción y prevención (coeficiente = 1,608; p < 0,001) y el nivel educativo como factor protector (coeficiente = −1,183; p = 0,004). El efecto acumulativo de la edad es coherente con el modelo de déficits propuesto por Rockwood y Mitnitski, sobre el cual se sustenta el IF-CSS: a mayor edad, mayor probabilidad de acumulación de déficits en múltiples dimensiones²⁴. La asociación entre bajo nivel educativo y mayor vulnerabilidad observable también en los atributos del concepto sistematizados por Barbosa et al.¹³, a partir de 36 estudios, apunta a la educación como factor protector que amplía los recursos cognitivos, sociales y económicos disponibles para enfrentar situaciones de riesgo, lo que Osorio Pérez⁷, denomina capital simbólico movilizable ante la amenaza.

La distribución del índice por sedes reveló diferencias estadísticamente significativas (Chi² = 55,02; p < 0,0001). La sede Cali Comuna 7 registró la mayor proporción de beneficiarios en vulnerabilidad alta (41,5 %), seguida por Cali Comunas 16 y 20 (36 % y 31,1 % respectivamente), mientras que Cartago presentó la distribución más favorable, con el 50 % en el nivel bajo. Estas diferencias territoriales no se explican exclusivamente por características sociodemográficas individuales, el grupo étnico (pi = 0,053) y el nivel educativo no alcanzaron significancia estadística en el análisis bivariado, sino que responden probablemente a condiciones estructurales de los entornos comunitarios: accesibilidad a la red de servicios, densidad de redes de apoyo informal y condiciones de habitabilidad del entorno urbano. La literatura iberoamericana ha señalado que residir en barrios con desventaja socioeconómica concentrada se asocia con mayor limitación funcional, mayor prevalencia de depresión y peor autoevaluación de salud en personas mayores, independientemente de sus características individuales, configurando lo que se denomina vulnerabilidad contextual o de vecindario²³.

La aplicación operativa del índice en el programa debe articularse con decisiones programáticas concretas. Los resultados del índice de vulnerabilidad sustentan la toma de decisiones basada en evidencia para fortalecer las acciones que se vienen realizando en el programa en cuatro ámbitos: (1) la articulación permanente con la red de servicios de salud mediante remisión, seguimiento y acompañamiento de las condiciones de salud de las personas mayores, generando alertas oportunas que aportan a la prevención del deterioro físico y funcional, la detección temprana de riesgos y el fomento de la adherencia a tratamientos y esquemas de vacunación; (2) el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, tomando en cuenta el estado de salud, las comorbilidades y el estado nutricional de la población; (3) las acciones de acompañamiento en salud mental y psicosocial para activar rutas de atención en casos de violencia, abandono, soledad y depresión; y (4) la expansión de redes de apoyo comunitario para integrar a los adultos mayores en actividades colectivas y mitigar su aislamiento, generando un entorno protector para el cuidado.

La clasificación ordinal del riesgo en tres niveles: bajo, medio y alto, permite diferenciar la intensidad de las intervenciones: los beneficiarios en vulnerabilidad alta deben recibir seguimiento individualizado con mayor frecuencia, activación prioritaria de rutas de referencia a la red de salud y acompañamiento psicosocial intensificado, dado que la evidencia comparada indica que este grupo presenta el mayor riesgo de deterioro funcional y mortalidad en el corto y mediano plazo²⁵. Los beneficiarios en niveles bajo y medio pueden verse favorecidos de intervenciones grupales de envejecimiento activo. Dado que la vulnerabilidad es, en la conceptualización de Osorio⁷, una situación dinámica y no un estado fijo, la reclasificación periódica de los beneficiarios permitiría identificar trayectorias de riesgo creciente o decreciente y evaluar el impacto del programa sobre la vulnerabilidad como medida de resultado.